Ecuador aprobó convenio constitutivo del Banco del Sur

QUITO.- A principio de esta semana el Congreso de Ecuador aprobó con 79 votos el convenio constitutivo del Banco del Sur, el cual fue suscrito el pasado 26 de septiembre del 2009 por los gobiernos latinoamericanos de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Ecuador, creandose esta entidad financiera internacional, que tendrá su sede en Caracas, Venezuela. Asi mismo algunos de los legisladores presentes no dejaron de trasmitir su preocupación porque otros países de América Latina (Chile, Colombia, Perú y Surinam) no participan de este emprendimiento que en principio persigue un objetivo emancipador de los organismos internacionales de credito. 

Los asambleístas de distintas tendencias destacaron además la importancia que posee para el Ecuador y toda la región el poder emprender en nuevos procesos de integración, con una dinámica regional democrática y soberana, con una nueva arquitectura financiera que a su vez, permita propiciar un desarrollo armónico de los pueblos de la región. Los objetivos del Banco del Sur son financiar el desarrollo económico, social y ambiental de los países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas, Unasur; fortalecer la integración; reducir las asimetrías; y, promover la distribución de inversiones. El capital autorizado con que darán comienzo las operaciones de la entidad financiera internacional asciende a la suma de veinte mil millones de dólares (20 000 millones), el cual será aportado por los países fundadores.

Los legisladores ecuatorianos igualmente subrayaron que este emprendimiento es una alternativa frente a la dictadura financiera de organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que ha impuesto una serie de condicionamientos a nuestros países para otorgar préstamos que han incidido en la postergación de las demandas sociales, a cambio de mantener parámetros macroeconómicos favorables a los intereses de los acreedores.

El Banco del Sur tendrá entre sus funciones el financiamiento a países miembros, a organismos estatales, entidades autónomas, empresas de economía mixta, empresas privadas, cooperativas, empresas asociativas y comunitarias que tengan como objeto proyectos de desarrollo, infraestructura, desarrollo científico-tecnológico, generación y provisión de servicios; proyectos de desarrollo social y, en general, todos los tendentes a la mejora de la calidad de vida y a la protección del medio ambiente.

(Fuentes: ANDES)