Buenos aires.- El ministro de Justicia, Julio Alak presentó la segunda fase del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que persigue como objetivo que las armas en manos de civiles -"que sólo aseguran muertes absurdas"-, sean destruidas.
En esta nueva edición, el Programa contempla retribuciones económicas de hasta 600 pesos para aquellos que entreguen sus armas y municiones al Estado. Las autoridades nacionales esperan superar los 107 mil dispositivos y 750 mil municiones recuperados y destruidos en la primera etapa.
Alak además indicó que se trata de "un plan concebido con espíritu social y federal, y como tal, debe llevarse a cabo con la colaboración de los estados provinciales, los municipios y todas las instituciones intermedias de la sociedad”.
Luego de explicar que el 65% de los homicidios dolosos en Argentina tiene lugar en el marco de conflictos entre familiares, vecinos o amigos y no durante la comisión de otro delito, como un asalto, Alak subrayó que “un arma en la casa es un problema, nunca una solución”.
El Ministro también explicó que nuestro país no se caracteriza por una excesiva portación de armas, como sucede en otros, como por ejemplo Estados Unidos, donde armarse es un derecho individual protegido por la Constitución.
“La inteligencia de nuestros constitucionalistas los llevó a desalentar la tenencia de armas entre civiles, a nosotros nos toca sacar definitivamente de circulación las que todavía están en manos de la gente”, subrayó el titular de la cartera de Justicia.
En su primera etapa, el Programa Nacional de Desarme Voluntario recibió y destruyó 107.716 armas de fuego, además de 774.679 municiones.
Así, hasta el momento, el total de armas sacadas definitivamente de circulación asciende a 125.000, lo que equivale al 10% del parque registrado en el país.
La chatarra resultante del proceso de destrucción de armas, que se realiza en una planta siderúrgica de la localidad de Campana, es donada a la Fundación del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, en el marco de un convenio de cooperación rubricado oportunamente entre esa institución y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
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Buenos aires.- El ministro de Justicia, Julio Alak presentó la segunda fase del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que persigue como objetivo que las armas en manos de civiles -"que sólo aseguran muertes absurdas"-, sean destruidas.
En esta nueva edición, el Programa contempla retribuciones económicas de hasta 600 pesos para aquellos que entreguen sus armas y municiones al Estado. Las autoridades nacionales esperan superar los 107 mil dispositivos y 750 mil municiones recuperados y destruidos en la primera etapa.
Alak además indicó que se trata de "un plan concebido con espíritu social y federal, y como tal, debe llevarse a cabo con la colaboración de los estados provinciales, los municipios y todas las instituciones intermedias de la sociedad”.
Luego de explicar que el 65% de los homicidios dolosos en Argentina tiene lugar en el marco de conflictos entre familiares, vecinos o amigos y no durante la comisión de otro delito, como un asalto, Alak subrayó que “un arma en la casa es un problema, nunca una solución”.
El Ministro también explicó que nuestro país no se caracteriza por una excesiva portación de armas, como sucede en otros, como por ejemplo Estados Unidos, donde armarse es un derecho individual protegido por la Constitución.
“La inteligencia de nuestros constitucionalistas los llevó a desalentar la tenencia de armas entre civiles, a nosotros nos toca sacar definitivamente de circulación las que todavía están en manos de la gente”, subrayó el titular de la cartera de Justicia.
En su primera etapa, el Programa Nacional de Desarme Voluntario recibió y destruyó 107.716 armas de fuego, además de 774.679 municiones.
Así, hasta el momento, el total de armas sacadas definitivamente de circulación asciende a 125.000, lo que equivale al 10% del parque registrado en el país.
La chatarra resultante del proceso de destrucción de armas, que se realiza en una planta siderúrgica de la localidad de Campana, es donada a la Fundación del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, en el marco de un convenio de cooperación rubricado oportunamente entre esa institución y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
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