Amplio repudio al pedido de NOMBRES del juez Catania a los medios

El gobierno y la politica Argentina se parece cada vez más a la serie de televisión Spartacus o a un novelon brasilero.

A horas de conocerse el enojo de la titular del FMI, Christine Lagarde, con el INDEC por la tergiversación de datos inflacionarios -aunque hay que aclarar que en la comparación de indices con los del organismo internacional no hay mucha diferencia-, la justicia Argentina da la nota que faltaba, al solicitarle a los medios de comunicación los nombres de los periodistas que escriben sobre "inflación".

El juez Alejandro Catania ya se paso de funcional u organico al ir en contra del derecho de los diarios de salvaguardar sus fuentes. Primero fue por las consultoras, recibiendo como respuesta despues de algunas multas que los legisladores del Congreso Nacional decidieran  hacer publicos los indices ellos. 

Ahora al mejor estilo "triple A" envio varios pedidos de informes a los diarios El Cronista, Ámbito Financiero, Clarín, La Nación y Página 12. Aunque es de destacar que el primero que hizo la punta denunciando este apriete fue el director periodistico de El Cronista Fernando González, sumandosele luego otros medios, legisladores, bloggeros, FOPEA y ADEPA.

ADEPA manifesto en un comunicado estar en contra de "la individualización compulsiva de periodistas por el mero hecho de cumplir con su tarea -informar cuestiones de interés público a partir de fuentes libremente seleccionadas- constituye una indudable presión intimidatoria sobre dichos profesionales", considera el comunicado de la entidad. "Esto conlleva un riesgo claro de censura indirecta y de potencial restricción a la libre información de la ciudadanía".

Por parte de los legisladores la presidenta de la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, Silvana Giúdici (UCR), calificó en una conferencia de prensa como “gravísimo” el pedido que hizo la Justicia a varios medios gráficos para que suministren datos de periodistas que escriben sobre inflación, lo cual dijo que le hace acordar “a las listas negras de la dictadura”.

La legisladora radical sostuvo que el pedido judicial constituye “una caza de brujas” que va en contra del derecho a la protección de las fuentes y del acceso a la información pública.