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Allana la AFIP 12 peluquerías de Roberto Giordano por presunta evasión

Roberto Giordano va de mal peor o le esta compitiendo a a Marley -aunque le aclaro que el rubio de Telefe hace un personaje-, pues con todo sus negocios no le ha sido encontrado ninguna evasión por la  Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Sin embargo este no es el caso del famoso creador de la frase "no me peguen soy Giordano", quien vio su tranquilidad quebrada al ver como más de 150 inspectores de la AFIP allanaron 12 locales de su cadena de peluquerías, por indicios sobre evasión y apropiación indebida de los recursos de la seguridad social.


Entre los indicios de las irregularidades investigadas se destaca la creación y utilización de empresas representadas por personas sin solvencia patrimonial, la omisión de ingresos, el desapoderamiento de bienes, la generación de deudas fiscales, la presentación de declaraciones juradas falsas y el pedido de quiebra, informó la entidad que preside Ricardo Echegaray.
Estas maniobras, con la apoyatura de un importante asesoramiento profesional que tendría como finalidad la evasión y la apropiación indebida de los recursos de la seguridad social para el beneficio personal del verdadero responsable, tiene una pena de hasta sies años prevista en la Ley Penal Tributaria.

Entre otras denuncias que están en sede judicial, Giordano tiene “a cargo” de las mencionadas “nuevas” sociedades algunos ex empleados de sus peluquerías; un familiar es el escribano que participa en las operaciones de venta y tres automotores fueron transferidos al hijo del peluquero.

No es la primera vez que a Giordano se lo investiga por delitos tributarios. En el 2002 se realizaron una veintena de allamientos a sus peluquerías por maniobras similares y en 2007 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó una sanción de clausura de 6 días impuesta por la AFIP.

A fines de 2010, la Justicia Comercial decretó la quiebra personal del peluquero, ordenó la inhibición general de bienes, lo intimó para que entregara sus bienes al síndico del expediente, interceptó sus correspondencia comercial, libró oficio al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para que cierre sus cuentas y le prohibió la salida del país.

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